En los años 80 y de la mano de Richard Stallman, la Licencia Pública General (GPL) fue una herramienta disruptiva. Proponía una mirada diferente sobre la propiedad intelectual en el software al tiempo que habilitaba nuevas prácticas de colaboración y circulación del conocimiento técnico. Pero las condiciones socio-económicas y culturales han cambiado mucho desde entonces. En el panorama actual lo “abierto” no solo convive con estructuras de poder económico concentrado sino que también lo traccionan y sostienen. Entonces ¿qué papel ocupan hoy las licencias “libres” y “abiertas”?

La GPL surgió, impulsada por el movimiento del software libre, como respuesta al modelo del software propietario: cerrado, restrictivo, controlado por empresas. La licencia permite usar, estudiar, modificar y redistribuir el software, pero bajo una serie de condiciones (“libertades” del software): cualquier derivado debe mantenerse bajo la misma licencia. De este modo, se buscaba evitar la apropiación privada de desarrollos compartidos. La licencia establece un marco legal con cláusulas específicas. No se trata de una cesión total de derechos, sino de una estructura que condiciona el acceso para preservar la apertura y la colaboración a largo plazo.

En el curso de los últimos 40 años, el software libre dejó de ser una práctica marginal para convertirse en una parte fundamental de la infraestructura digital global. Y en este proceso, las corporaciones tecnológicas aprendieron a usar —y a veces financiar— proyectos libres, integrándolos a sus propios modelos de negocio.

Hoy, muchos servicios corporativos se apoyan en componentes abiertos, pero eso no significa que respeten ni reproduzcan las condiciones de igualdad o colaboración con que fueron concebidos. El código es abierto, pero el entorno en que se lo utiliza muchas veces no lo es.

Como parte de la transformación de las formas de producción, surgieron paralelamente nuevas formas de organización: fundaciones, consorcios, iniciativas híbridas entre lo comunitario y lo empresarial. Estas estructuras ofrecen soporte legal, recursos y visibilidad, pero también suelen depender en gran parte del financiamiento de grandes empresas, que influyen en los criterios de sostenibilidad y dirección de los proyectos y exponen a los desarrollos abiertos al riesgo de quedar subordinados a agendas externas, más ligadas a la eficiencia de mercado que a la colaboración horizontal.

Como parte del paisaje que venimos describiendo, una parte importante y mayoritaria de las personas que contribuyen activamente a proyectos de código abierto no reciben paga por su trabajo, a pesar de que muchos de esos desarrollos son esenciales para empresas multimillonarias. Es decir, existe una asimetría entre quienes producen valor y quienes lo capitalizan.

La producción distribuida de software, habilitada por licencias como la GPL, permite innovar colectivamente, pero también abarata costos para actores con capacidad de transformar ese trabajo en ingresos. Esto pone en tensión el sentido original de muchas iniciativas abiertas, que no fueron pensadas para alimentar plataformas cerradas o modelos de concentración económica.

En este escenario, los proyectos y comunidades de software libre enfrentan un desafío urgente: cómo sostenerse sin perder autonomía, sin depender exclusivamente del voluntarismo ni quedar atrapados en lógicas corporativas. Muchos proyectos clave (incluidos aquellos que sostienen parte de Internet) funcionan gracias al tiempo y el trabajo no remunerado de personas que colaboran por compromiso, interés o necesidad, sin garantías de continuidad. En paralelo, la financiación directa por parte de personas usuarias o comunidades es inestable y no siempre alcanza para cubrir los costos de desarrollo, mantenimiento y seguridad.

Entonces, ¿cómo se protege y sostiene un bien común digital en un entorno marcado por lógicas de mercado? ¿Es suficiente con tener una licencia clara y restrictiva, como la GPL, para preservar la colaboración abierta? ¿O necesitamos pensar nuevas herramientas institucionales, legales y comunitarias para que esa apertura no termine siendo cooptada?

El problema, ciertamente, no es solo técnico ni jurídico, sino también cultural y organizativo. Las licencias son marcos legales, pero no alcanzan por sí solas si no hay personas dispuestas a sostener una práctica colectiva, a discutir cómo se toman decisiones, cómo se distribuyen los recursos, cómo se cuidan los proyectos a largo plazo.

Quizás sea hora de pensar nuevas estrategias: más allá de las licencias, más allá del entusiasmo por lo abierto. Estrategias colectivas que no solo regulen el acceso al conocimiento, sino también su sostenibilidad, su dirección y su sentido.